Reivindicaciones de elkartu ante las elecciones forales y locales

elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa) y Elkartean (Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la Comunidad Autónoma del País Vasco) plantean estas 14 líneas prioritarias dirigidas a asegurar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los ámbitos forales y municipales, con condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad física ejerzan todos sus derechos, participen en la comunidad en igualdad de oportunidades y desarrollen una vida independiente:

Asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de Accesibilidad Universal, elaborando y desplegando una adecuada normativa (ordenanzas municipales, etc.) y planificación local dirigida a asegurar el cumplimiento y exigibilidad de todas las condiciones de accesibilidad universal en ámbitos clave como vivienda pública y privada, espacios públicos, centros educativos, edificación pública, transporte, comunicación, ocio, cultura y deporte.
Desarrollar en los municipios Políticas de movilidad, diseñando espacios, infraestructuras y dispositivos de transporte y movilidad en el entorno urbano que sean accesibles y seguros, considerando, entre otras, a las personas con movilidad reducida: transporte urbano e interurbano accesible, bicis adaptadas, espacios públicos, urbanismo, itinerarios peatonales accesibles libres de obstáculos…
Impulsar el Modelo de Vida Independiente, desplegando el Sistema de Servicios Sociales con prestaciones y soportes que permitan que cada persona pueda decidir dónde, cómo y con quién vive, sin verse obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, sin estar aisladas o separadas de la comunidad. En concreto: una prestación económica suficiente para la vida independiente y la participación en la comunidad (asistencia personal garantizada), una oferta amplia y diversa de servicios y prestaciones orientada a favorecer la vida independiente y los procesos de desinstitucionalización, contemplando el sobrecoste de la discapacidad en las medidas aplicables en materia de copago.
Garantizar el derecho a una Vivienda digna, adecuada y accesible, impulsando medidas de acción positiva para que las personas con discapacidad accedan a la vivienda como condición necesaria para su vida independiente, y ampliando la dotación presupuestaria y favoreciendo las condiciones de acceso a las ayudas para la accesibilidad universal en todo el parque de viviendas.
Garantizar una oferta de Productos de apoyo para la autonomía personal y la participación en la comunidad amplia, diversa, financiada con ayudas públicas, individualizada, en adaptación continua a las necesidades cambiantes de cada persona, así como a su realidad, entorno y modo de vida, y en continua innovación, incorporando los desarrollos tecnológicos del mercado.
Desplegar una adecuada coordinación entre todas las administraciones públicas competentes en cada ámbito (servicios sociales, educación, empleo, vivienda, salud, deporte, cultura, transporte, etc.) en clave de transversalidad en torno a la integralidad de las personas, mediante un modelo de intervención centralizado desde los Servicios Sociales de Base, como responsables de la coordinación del caso y la dinamización de todos los apoyos y recursos disponibles en la comunidad.
Desarrollar el Servicio de Apoyo a Domicilio de competencia municipal, asegurando que cualquier persona que lo requiere disponga de este servicio en condiciones adecuadas, suficientes y flexibles para atender sus necesidades, favoreciendo su participación en el diseño y desarrollo del servicio, y eliminando las diferencias en función del lugar de residencia.
Desarrollar las prestaciones económicas del SAAD, así como cualquier otra prestación o servicio de apoyo a las personas cuidadoras sin que las mismas impliquen ningún tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, que presupongan su incapacidad para ejercer funciones de apoyo o asistencia hacia otras personas en situación de dependencia.
Desarrollar actuaciones e iniciativas, en el ámbito de su respectiva competencia (entre otras: ayudas para el empleo y deducciones fiscales a las empresas), dirigidas a que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles, fomentando su acceso y mantenimiento en el empleo ordinario, en fórmulas de autoempleo y emprendimiento, y empleo público, favoreciendo medidas de acción positiva y adaptaciones de los puestos de trabajo.
Concretar y desplegar ordenanzas municipales, y unificar criterios en materia tarjeta de estacionamiento y aparcamientos reservados que contemplen medidas adecuadas para las personas con discapacidad. Entre otras cuestiones, asegurar un buen uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, unificando los criterios aplicables sin que existan diferencias entre los municipios.
Asegurar una oferta ocio, cultura y deporte diversa, adecuada, accesible y suficiente, que permita la participación de todas las personas con discapacidad, adecuadas a sus distintas edades y necesidades, en actividades comunitarias como el resto de la ciudadanía.
Desarrollar medidas fiscales que consideren el sobrecoste de la discapacidad (bonificaciones, deducciones, exenciones o desgravaciones fiscales), dirigidas a situar su capacidad económica en una posición de igualdad de oportunidades con respecto al resto de las personas y favoreciendo procesos de vida independiente.
Asegurar la participación de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que les representan, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que les afectan, de acuerdo con el principio de diálogo civil, apoyando al tejido asociativo, la dinamización asociativa y el papel propio y esencial del Movimiento Asociativo en la defensa y reivindicación de los derechos e intereses de las personas más vulnerables.
Asegurar y garantizar la sostenibilidad de las actividades de interés general que desarrollan las entidades de iniciativa social del Tercer Sector Social de Euskadi, en desarrollo del Sistema Vasco de Servicios Sociales (“actividades innovadoras y experimentales en relación con la puesta en marcha de nuevas prestaciones y servicios de atención a las personas, actividades de apoyo al tejido asociativo y de promoción de la participación ciudadana; y actividades de investigación, desarrollo e innovación orientadas a la mejora de la planificación, a la garantía y mejora de la calidad en la organización de servicios y en la prestación de la atención, y a la mejora de las prácticas profesionales”), mediante la aplicación de fórmulas jurídicas reconocidas en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y en la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi: convenios de colaboración plurianuales y acuerdos marco de colaboración.