Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica
El pasado día 1 de marzo de 2022 el BOE publicó la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los/las consumidores/as y usuarios/as frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esta nueva Ley contiene diversos preceptos regulatorios favorables a las personas con discapacidad en su condición de consumidoras y usuarias de bienes, productos y servicios.
El texto legal incorpora una disposición adicional primera en la que establece que el Gobierno desarrollará reglamentariamente un etiquetado inclusivo, concretamente un etiquetado en alfabeto braille o en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia. Asimismo, con carácter general la nueva Ley establece el concepto de consumidor/a vulnerable, definición en la que se incluye expresamente a las personas con discapacidad.
Además, en la disposición adicional tercera también son las personas con discapacidad destinatarias de las nuevas medidas establecidas en favor de la inclusión financiera (dado el grave problema de discriminación y distinción que vienen soportando en el acceso de servicios financieros, en especial, los bancarios). Por lo que han impulsado iniciativas para evitar la exclusión financiera de estos/as consumidores/as, como la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos reservándose para uso exclusivo de personas vulnerables o la firma de acuerdos para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo.
Por último, cabe destacar como se hace notar la accesibilidad universal. Se regula como derecho básico de los/as consumidores/as y usuarios/as la información correcta sobre diferentes bienes y servicios en formatos que garanticen su accesibilidad. También, en el etiquetado de bienes y servicios, por lo que deben ser de fácil acceso y comprensión, ofrecidos en formatos que garanticen su accesibilidad, permitiendo obtener de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz, suficiente y accesible. Asimismo, en la oferta comercial deberá facilitarse en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato que garantice su accesibilidad. Finalmente, respecto de las características y condiciones de los contratos se exige la accesibilidad y legitimidad; de forma que permita el conocimiento previo a la celebración del contrato.