Día nacional de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico y consagrando el enfoque de derechos de las políticas en materia de discapacidad.

La conmemoración de este año tiene lugar en el marco de la grave crisis sanitaria y social derivada del Covid-19, pandemia que ha sacado a relucir las graves carencias de un sistema de servicios sociales que, a pesar de haber transcurrido más de una década desde su entrada en vigor, se encuentra muy lejos de garantizar de manera plena y efectiva los principios y derechos consagrados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El confinamiento y el resto de medidas adoptadas desde la declaración de pandemia global por la OMS han puesto en riesgo el sistema de atención o cuidados de las personas con discapacidad, que se ha venido caracterizando por un enfoque basado en la institucionalización y la insuficiente dotación de apoyos y recursos para la vida independiente en clave de comunidad e inclusión. Así, la familia se ha constituido en la institución que ha adoptado la responsabilidad y protagonismo de la atención de las situaciones de discapacidad y dependencia, y lo ha tenido que hacer por las deficiencias del modelo residencial y la clara insuficiencia de recursos de apoyo para convertir el mantenimiento en el entorno natural en alternativa efectiva.

Por tanto, la necesaria reflexión sobre el sistema de atención o cuidados de las personas con discapacidad y/o dependencia que se derive de esta crisis ha de tener como eje la adopción de políticas de desinstitucionalización y promoción del modelo de vida independiente. La propia Convención reconoce en su art. 19 el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, “asegurando en especial que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico”. Asimismo, la Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, señala que “los Estados partes tienen la obligación inmediata de iniciar una planificación estratégica, con plazos adecuados y dotación de recursos suficientes, en consultas estrechas y respetuosas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, para sustituir todo entorno institucionalizado por servicios de apoyo a la vida independiente”.

La crisis derivada del Covid-19 ha puesto de manifiesto también, en consideración de elkartu, los evidentes déficits del modelo de gobernanza que presenta el diseño de las políticas sociales en general, y de las políticas en materia de discapacidad, en el Territorio de Gipuzkoa. Así, este período se viene caracterizando por la adopción unilateral de medidas sin realizar las imprescindibles consultas a las organizaciones que, más allá de la mera prestación de servicios, tienen como función la representación de las personas con discapacidad y la participación en la toma de todas aquellas decisiones que inciden en los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En este sentido, las instituciones públicas no pueden obviar que, según el art. 4.3 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”. En esta línea, como acertadamente recordaba Catalina Devandas, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su reciente visita a Gipuzkoa, “Las personas con discapacidad tienen que estar en las mesas donde se toman decisiones”.

En definitiva, con ocasión del Día Nacional de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, demandamos que Gipuzkoa transforme su modelo de políticas sociales dirigidas a las personas con discapacidad, apostando de manera efectiva por la aplicación de los enfoques, principios y derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, garantizando así la plena inclusión social y participación comunitaria de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, y que lo haga sobre la base de un modelo de gobernanza colaborativa en estrecha relación con las personas con discapacidad y las organizaciones que les representan.