Covid-19 y Discapacidad: Demandas planteadas por elkartu

El objetivo es, por una parte, detectar las necesidades particulares para así llevar a cabo la intervención conveniente en cada caso y, por otra, determinar la situación y necesidades del conjunto de personas con discapacidad física de Gipuzkoa para plantear las demandas necesarias ante las instituciones competentes.

Tras contactar con aproximadamente 200 personas desde el inicio de las medidas de confinamiento, y con la información recopilada, elkartu ha dirigido diversos escritos a las instituciones competentes reclamando la adopción de las medidas que permitan garantizar los derechos básicos y la calidad de vida de las personas con discapacidad física. A modo de resumen, las cuestiones planteadas han sido las siguientes:

 

 

• Se han detectado situaciones de dificultad para contratar una/u Asistente Personal ante contingencias como, por ejemplo, bajas laborales o renuncias. Por ello, se ha demandado la creación de un recurso de carácter público al que puedan acudir las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia que requieran contratar una/un Asistente Personal.

     También en relación a las/los Asistentes Personales, se ha exigido que se garanticen en todo caso las necesarias medidas de       seguridad, de la misma manera que se ha abordado esta cuestión para las/los profesionales de los centros residenciales y          del Servicio de Ayuda a Domicilio.

    Asimismo, se ha planteado la necesidad de dotar de flexibilidad, especialmente en lo relativo a la acreditación profesional y el      vínculo de parentesco, a los requisitos de contratación de las/los Asistentes Personales, en aplicación de la  Resolución de 23      de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial          de     Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo        de 27      de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios        del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 

 

• Se han detectado situaciones en las que el Servicio de Ayuda a Domicilio no ha ofrecido la cobertura requerida ante esta situación. Por ello, se ha exigido que las prestaciones de este servicio alcancen todas las necesidades que presentan las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en esta situación, y con la intensidad en cada caso requerida.

• Se han detectado situaciones en las que alumnos/as con necesidades educativas especiales no están viendo garantizado su derecho a la educación tras el cierre de los centros escolares. Por ello, se ha solicitado aclaración sobre esta cuestión, así como información sobre las medidas y criterios que se están adoptando para garantizar el derecho a la educación de los/las niños/as con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto del alumnado. Asimismo, se ha exigido que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que se hagan los ajustes razonables necesarios en función de las necesidades individuales.

• Se han detectado carencias o medidas insuficientes en el Programa para el retorno al domicilio de personas usuarias de residencias, y viviendas con apoyos de la red de centros de competencia foral para personas en situación de dependencia y/o discapacidad. Por ello, se ha solicitado que se adopte un criterio flexible y abierto en la puesta a disposición de productos de apoyo, sin ceñirse a un catálogo cerrado que se estima insuficiente. Asimismo, se ha solicitado un incremento de las ayudas económicas previstas con el objeto de dignificar el cuidado en el domicilio, dado que existe un margen para ello teniendo en cuenta el coste que genera la atención institucionalizada al que se renuncia mientras dure el estado de alarma decretado.

• Se han detectado carencias en el reconocimiento a la labor de las/los cuidadores familiares, que son quienes han asumido en gran medida la responsabilidad de los cuidados en la crisis sanitaria y social derivada del Covid-19. Por ello, se ha solicitado que se dignifiquen los cuidados familiares, procediendo para ello a eliminar las condiciones y limitaciones establecidas en el Decreto Foral 24/2017, de 12 de diciembre, para el acceso a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (obligación de realizar un curso de formación, no reconocimiento como cuidadoras/es familiares a las personas con una discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia reconocida, establecimiento de un seguimiento anual a quienes perciben la prestación para cuidados familiares, etc.).

Asimismo, elkartu ha trasladado su preocupación por la atención que puedan recibir las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia como consecuencia de las medidas de desescalada del confinamiento. Así, la progresiva incorporación a la actividad laboral, o la realización de test masivos que puedan derivar en diagnósticos positivos y posterior aislamiento de cuidadoras/es familiares, unido al cierre de los centros de día y de los centros ocupaciones, así como la realidad que se vive en el ámbito de los centros residenciales, son factores que pueden fracturar la cadena de cuidados familiares, que son precisamente los que han asumido la responsabilidad de los cuidados desde el inicio del confinamiento.

Por ello, se ha reclamado que las instituciones competentes dicten los cambios normativos necesarios para garantizar servicios y prestaciones flexibles, ágiles en su acceso, compatibles entre sí y que ofrezcan la cobertura suficiente para atender de la manera más adecuada las situaciones de discapacidad y/o dependencia. Y es que EL MAYOR RETO DEL SISTEMA DE CUIDADOS, GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DIGNA, COMIENZA AHORA.

Finalmente, se ha recordado la obligación que tienen las instituciones con competencias para diseñar, aprobar y ejecutar las políticas públicas, de contar, en el marco del diálogo civil, con las entidades del Tercer Sector Social que representan a las personas con discapacidad para diseñar las medidas que se adopten en el marco de la crisis sanitaria y social derivada del Covid-19.