Informe Covid-19 y personas con discapacidad: Recogida de información y propuestas

Además de desarrollar su labor asociativa habitual de atención de consultas y solicitudes de información, la Federación ha ofrecido información puntual de las medidas adoptadas, y ha transmitido a las diferentes instituciones la necesidad de garantizar los derechos básicos y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Asimismo, se ha procedido a recopilar información y propuestas entre las personas con discapacidad física con el objeto de determinar la situación y necesidades del colectivo en la crisis del Covid-19. El objetivo ha sido detectar necesidades particulares para diseñar la intervención conveniente en cada caso por una parte, y, por otra, determinar la situación y necesidades del conjunto de personas con discapacidad física de Gipuzkoa para plantear las demandas necesarias ante las instituciones competentes.

Para ello se ha contactado telefónicamente con las personas con discapacidad inscritas en elkartu (se han priorizado las que presentan mayor grado de discapacidad y/o dependencia), ofreciéndose también la alternativa de cumplimentar un formulario on-line. Así, se han abordado cuestiones como el lugar de residencia, los recursos de atención con los que se cuentan (apoyo familiar, servicio de ayuda a domicilio, asistencia personal, etc.), o las dificultades que se pueden estar viviendo para cuestiones como realizar la compra, adquirir medicamentos o dotarse de los productos de apoyo necesarios.

De la información ofrecida por las personas contactadas hasta el momento, que superan las 150, se derivan los siguientes datos fundamentales:

 

• El 92% de las personas contactadas residen en un domicilio particular, y el 8% en un centro residencial para personas con discapacidad.
• Entre las personas que residen en domicilio particular, el 81,7% convive con familiares (cónyuge o pareja, progenitores, etc.), mientras que el 18,3% lo hace solo/a.
• El recurso predominante entre quienes residen en domicilio particular es la Prestación para Cuidados en el Entorno Familiar (65,2%), mientras que un 12,2% dispone de la Prestación para la Contratación de Asistente Personal, y un 8,7% el Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Entre las personas que hacen uso del Servicio de Ayuda a Domicilio, el 15,4% ha tenido que ampliar las horas de cobertura, el 38,4% ha visto como el servicio incorpora actividades antes no cubiertas (hacer la compra, adquirir medicamentos, etc.), en el 30,8% de los casos se ha producido una variación no habitual de las/los profesionales, y en un 38,5% han señalado que el servicio no se proporciona con las necesarias medidas de seguridad.
• Entre las personas que tienen contratado un/una Asistente Personal, el 13,3% ha tenido que ampliar las horas de cobertura, el 60,0% ha visto como el servicio incorpora actividades antes no cubiertas, en el 13,3% de los casos se han visto en la obligación de cambiar el/la asistente personal, y en un 13,3% han señalado que el servicio no se proporciona con las necesarias medidas de seguridad.
• Entre las personas usuarias de un centro residencial para personas con discapacidad, el 40% manifiesta que, de ser posible, les gustaría hacer uso de la posibilidad de regresar a sus domicilios; asimismo, todas las personas señalan que el servicio se proporciona con las necesarias medidas de seguridad.
• Sólo el 19,2% ha recibido una llamada de los servicios sociales municipales interesándose por su situación y necesidades.
• El 4,8% recibe la asistencia o apoyo de algún servicio de voluntariado.

Las principales conclusiones que se derivan de los datos expuestos y de las valoraciones ofrecidas por las personas con las que se ha contactado, son las siguientes:

 

• Existe una alta concienciación y compromiso de las personas con discapacidad física en el cumplimiento de las medidas de aislamiento decretadas por las autoridades, siendo plenamente conscientes de la especial vulnerabilidad en la que se encuentra buena parte del colectivo y de las propias personas cuidadoras. Prueba de ello, es que algunas personas con discapacidad han renunciado a servicios de apoyo, como el Servicio de Ayuda a Domicilio, con el objeto de evitar contagios tanto para las/los profesionales como para la propia unidad familiar destinataria.

• La familia es la institución que asume el protagonismo y la responsabilidad de la atención de las personas con discapacidad física y/o en situación de dependencia en la crisis sanitaria y social derivada del Covid-19. Y esto se produce a pesar de que, en los últimos años, se han adoptado numerosas medidas que han sido contrarias a las/los cuidadores familiares (obligación de realizar un curso de formación, no reconocimiento como cuidadoras/es familiares a las personas con una discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia reconocida, establecimiento de un seguimiento anual a quienes perciben la prestación para cuidados familiares, etc.). Así, se han detectado situaciones en las que personas con discapacidad o en situación de dependencia han asumido el cuidado de familiares en situación de dependencia.

• Se ha manifestado el temor a que la cadena de cuidados familiares informales pueda fracturarse por efecto de los contagios que se pudieran producir, con la consiguiente duda de que existan los necesarios recursos formales para atender las situaciones de dependencia.

• En relación al Servicio de Ayuda a Domicilio, no se han garantizado siempre y en todos los casos las necesarias medidas de seguridad tanto para las personas atendidas como para las/los profesionales.

• Las personas que cuentan con una/un Asistente Personal y se han visto obligadas a su sustitución, no han contado con un recurso oficial al que acudir para la búsqueda de una/un nueva/o profesional, viéndose obligadas a acudir a un recurso informal.

• Las personas con discapacidad física usuarias de un centro residencial manifiestan un especial temor a un contagio dadas la realidad que se vive en este ámbito. Asimismo, un alto porcentaje desearía hacer uso del Programa de retorno al domicilio, pero carecen de los recursos y de las redes de apoyo necesarias.

• Los servicios sociales municipales han priorizado, al menos en la fase inicial de la crisis, el contacto activo con las personas mayores, mientras que es relativamente escaso el número de personas con discapacidad física y/o en situación de dependencia con edad inferior a los 65 años que haya recibido una llamada interesándose por su situación y necesidades.

 

De los datos y conclusiones que se derivan de la recogida de información, elkartu plantea las siguientes propuestas:

 

• Dignificación de los cuidados familiares, incluyendo su reconocimiento institucional y social. Para ello, resulta imprescindible dictar las normas forales pertinentes para que, al menos mientras dure la crisis sanitaria y social, se eliminen las condiciones y limitaciones establecidas en el Decreto Foral 24/2017, de 12 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para el acceso a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar.

• Impulsar un recurso de carácter público al que las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia puedan acudir para la contratación de una/un Asistente Personal, necesidad que puede resultar apremiante en los casos de contagio de las/los cuidadoras/es familiares.

• Dictar las normas forales necesarias para dotar de flexibilidad, especialmente en lo relativo a la titulación, a los requisitos de contratación de las/los Asistentes Personales, en aplicación de la  Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

• Garantizar las condiciones y equipos de seguridad necesarios para las/los profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio y las/los Asistentes Personales, pero también para las/los cuidadoras/es familiares.

• Garantizar las condiciones de flexibilidad del Servicio de Ayuda a Domicilio en lo relativo a la intensidad de su prestación en tiempo y actividades, así como en el acceso de nuevos casos susceptibles de requerir este servicio por necesidades creadas por el Covid-19, de manera que se atiendan las necesidades de cada persona en función de sus características y circunstancias.

• Incorporar a las personas con discapacidad en las actuaciones de recogida de información y detección de necesidades llevadas a cabo por los servicios sociales municipales, dada su condición de especial vulnerabilidad.

• Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad en el acceso a todos los recursos sanitarios, incorporando este criterio a todos los protocolos que se puedan diseñar.

• Garantizar la participación plena y efectiva de las entidades del Tercer Sector Social que, más allá de la mera prestación de servicios, representan a las personas con discapacidad, en el diseño y seguimiento de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria y social derivada del Covid-19. Asimismo, en este mismo ámbito del diálogo civil, resulta fundamental trabajar conjuntamente para sentar las bases de las medidas a adoptar en las siguientes fases de actuación frente a la pandemia, así como para garantizar que las personas con discapacidad no se conviertan en un colectivo especialmente perjudicado en la crisis económica que se derive.

 

 

 elkartu continuará con este proceso de recogida de información y necesidades, así como con su labor de defensa y promoción de los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad física en aplicación de los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y vuelve a mostrar su plena disposición para colaborar con las instituciones competentes con el objeto de evitar que un colectivo especialmente vulnerable desde el punto de vista sanitario y social vea conculcados sus derechos, o pueda quedarse relegado en las medidas orientadas a paliar los efectos de la crisis.