Discapacidad, pobreza y exclusión social en el Informe anual del indicador AROPE
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha presentado su VIII Informe anual de seguimiento del indicador AROPE, que muestra los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, mediante el estudio de la evolución de este indicador desde el año 2008.
El Informe recoge datos sobre los principales indicadores de pobreza y/o exclusión social de las personas con discapacidad:
- El 31,5 %, es decir, prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión, cifra que es un 28 % (7 puntos porcentuales) más elevada que la que soportan las personas sin discapacidad.
- La tasa de privación material severa entre las personas con discapacidad es del 7,6 %, cifra que es un 80 % (3,4 puntos porcentuales) superior a la registrada entre las personas sin discapacidad.
- El 36,1 % de las personas con discapacidad, es decir, más de una de cada tres, experimenta dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes. Entre las personas sin discapacidad la cifra es 15 puntos inferior.
Estos datos vienen a confirmar, a pesar de las diferencias metodológicas, los resultados derivados del “Estudio-diagnóstico de situación y necesidades de las personas con discapacidad física de Gipuzkoa ” elaborado por elkartu, donde se acreditaba que el 30,4% de las personas con discapacidad física se encuentra en situación de inclusión social (frente el 55,8% de la población de Gipuzkoa), el 36,3% en riesgo de exclusión social (frente al 31,8% de la población de Gipuzkoa) y el 33,3% en situación de exclusión social (frente al 12,4% de la población de Gipuzkoa). Asimismo, el 13,7% de personas con discapacidad física se encuentra en situación de pobreza severa (frente al 4,3% en el conjunto de la población de Gipuzkoa), el 12,7% en pobreza relativa (frente al 16,8% entre la población de Gipuzkoa) y el 72,6% en ausencia de pobreza (frente al 78,9% entre la población de Gipuzkoa).
En definitiva, ello pone de relieve la necesidad de impulsar políticas y medidas que tomen en consideración el sobrecoste de la discapacidad, y que contribuyan a garantizar el derecho de las personas con discapacidad de participar plenamente y en condiciones de igualdad en la vida política, laboral, económica, cultural y social, sin verse obligadas a recurrir a recursos y espacios específicos o segregadores.