Dictamen del CES sobre el Decreto que regula los programas de empleo para personas con discapacidad
El Proyecto de Decreto por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo tiene por objeto regular los programas de ayudas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad que podrá otorgar el Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con la finalidad de promover el acompañamiento y acceso a la actividad laboral estable y de calidad, así como el mantenimiento en el empleo de las mismas. Asimismo, es objeto de este Decreto la creación del Registro Vasco de centros especiales de Empleo, así como la regulación de los requisitos y procedimiento para la calificación e inscripción en el mismo.
En sus consideraciones, el Consejo Económico y Social Vasco señala que "esta norma adolece de un insuficiente apoyo al acceso al empleo ordinario por parte de las personas con discapacidad, tal y como viene ocurriendo en general en las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.
En efecto, en los últimos años, los programas de empleo para las personas con discapacidad en Euskadi se han decantado de forma casi exclusiva por apoyar el empleo protegido y la actividad de los CEE, obviando el aludido Art. 27 de la “Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”, el “Plan para la Incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral ordinario de la CAPV (2004-2006)”, o la propia “Estrategia Vasca de Empleo 2020”, que habla de “Mejorar la tasa de actividad y el acceso al empleo ordinario de las personas con discapacidad” (Directriz D-3).
A pesar de que el propio Parlamento Vasco, en un Acuerdo aprobado por unanimidad el 16 de marzo de 2017, instó al Gobierno a adoptar medidas para impulsar el acceso de las personas con discapacidad al empleo ordinario, lo cierto es que el proyecto de Decreto presentado, lejos de incorporarlas, únicamente consolida y refuerza las medidas de apoyo al empleo protegido y para la sostenibilidad de sus actividades.
Consideramos que debería reforzarse la integración laboral de las personas con discapacidad en la modalidad de empleo ordinario siempre que ello sea posible, y esto al margen de que coexista con otras modalidades (empleo protegido o empleo con apoyo), en cuanto fórmulas que puedan resultar más adecuadas para algunos perfiles de necesidad (así, entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o personas con enfermedad mental, prioritariamente)".
Asimismo, respecto al importe de las ayudas, señala que "la cuantía de las subvenciones para la integración en el mercado de trabajo ordinario previstas en los arts. 10 (ayudas a la contratación) y 17 (ayudas a la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras) resultan insuficientes, lo que de facto vacía el objetivo que se pretende: que la subvención actúe como palanca de la contratación en cuestión. Las cantidades que se consignan para un contrato indefinido a jornada completa y para la implantación de medidas de adaptación del puesto de trabajo no guardan la proporcionalidad necesaria para que actúen como real acicate. Por lo demás, sorprende la diferencia de esas cantidades con las previstas para el resto de subvenciones reguladas en el Decreto, lo que nos lleva a reiterar el desigual trato a la promoción del acceso al mercado ordinario y al mercado protegido que se produce en esta norma".
Por otra parte, se traslada que "debería valorarse la posibilidad de recoger en otra norma diferente la creación y regulación del Registro Vasco de CEE. Consideramos que el presente Decreto debería centrarse en la regulación de políticas, medidas, apoyos, incentivos y ayudas orientadas a dar cumplimiento al Art. 27 de la Convención de las Naciones Unidas, y no recoger un tema tan específico y administrativo como el del citado Registro, secundario en nuestra opinión, circunscrito únicamente a una de las modalidades del empleo de las personas con discapacidad".
En definitiva, el CES viene a confirmar el posicionamiento de elkartu, así como de Elkartean (Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la CAPV), que han mostrado su total disconformidad con un Decreto cuyo contenido es contrario a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.