Día Internacional de las personas con discapacidad

El artículo 28 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad “a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados”. Por otra parte, el Comité sobre los derechos de las personas reconoce, en su Observación General número 5, la vivienda como un elemento fundamental para hacer efectivo el derecho a la vida independiente del artículo 19 de la Convención, dado que “el acceso a la vivienda supone la opción de vivir en la comunidad en igualdad de condiciones con las demás personas”.

Sin embargo, el contexto social, económico y urbanístico actual sigue generando situaciones de discriminación hacia las personas con discapacidad en el acceso a la vivienda debido a factores como la grave insuficiencia de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, las carencias en materia de accesibilidad universal de los edificios y de las propias viviendas, la complejidad y rigidez de los procedimientos administrativos para el acceso a la vivienda pública, el elevado coste del acceso a este derecho con su consiguiente contribución al sobrecoste de la discapacidad, o la insuficiente adopción de medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad.

Ante esta situación que pone en riesgo la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como la viabilidad de nuestros proyectos de vida independiente, y en el marco del necesario impulso de las políticas públicas de vivienda en Euskadi, exigimos la adopción de, entre otras, las siguientes propuestas:

• Incrementar la disponibilidad de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida en el parque de viviendas de protección pública.
• Impulsar medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública.
• Impulsar la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal de manera que el acceso físico a la vivienda se configure plenamente como un derecho fundamental no sujeto a la adopción de acuerdos arbitrarios y discriminatorios.
• Garantizar que las viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida se ajusten a las necesidades particulares de la persona adjudicataria.
•  Establecer una mayor dotación presupuestaria en las ayudas a la rehabilitación de las distintas instituciones, flexibilizando asimismo los requisitos para el acceso a las ayudas que fomentan la accesibilidad.
• Incorporar medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad en las ayudas de las instituciones públicas para el alquiler, especialmente en las dirigidas a las personas jóvenes.
• Informar de manera efectiva a las personas con discapacidad inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda y Alojamientos Dotacionales sobre la disponibilidad de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.
• Impulsar la innovación en el diseño de los espacios, así como en la disposición de productos de apoyo y elementos para la autonomía personal en las viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.
• Promover el acceso de las personas con discapacidad a los alojamientos dotacionales como recurso para el desarrollo de proyectos de vida independiente.
• Regular los procedimientos de desafección de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, sobre la base del principio de mantenimiento de esta condición con independencia de la condición de la persona adjudicataria o adquiriente.
• Garantizar la existencia de viviendas accesibles y adaptadas en los programas y medidas impulsadas por Alokabide.

En definitiva, exigimos que las instituciones públicas competentes adopten las medidas legales y administrativas necesarias para que las personas con discapacidad veamos garantizado de manera plena y efectiva nuestro derecho a disponer de una vivienda digna, adecuada y accesible. Asimismo, nos comprometemos a seguir desplegando nuestra labor de representación e incidencia social y política para alinear las políticas de vivienda con los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.