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elkartu recurre el nuevo Decreto Foral que regula las prestaciones económicas de dependencia

elkartu ha presentado un recurso administrativo frente al nuevo Decreto Foral que regula las prestaciones económicas de dependencia de Gipuzkoa, al considerar que incurre en un supuesto de discriminación dado que presume su incapacidad para ejercer dichas funciones de cuidado y apoyo, privándoles en consecuencia del derecho a tener la condición de persona cuidadora no profesional de una persona en situación de dependencia a efectos de la correspondiente prestación económica.

El Decreto Foral 24/2017, de 12 de diciembre, establece como requisito para acceder a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores No Profesionales que la persona cuidadora no profesional deberá tener la "capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las funciones de cuidado y apoyo que precise la persona dependiente. A efectos de lo anterior, se considerará que la persona cuidadora no podrá ser una persona con reconocimiento de dependencia, una persona que tenga reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona, o una persona que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%".

elkartu entiende que se trata de un supuesto de flagrante discriminación que contraviene los principios y derechos recogidos en la propia Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, dado que incorpora una presunción de incapacidad para ser persona cuidadora no profesional en el caso de tratarse de personas con discapacidad, negándoseles incluso, a diferencia del resto de la ciudadanía, el derecho a que los servicios sociales municipales verifiquen la capacidad para tener la condición de persona cuidadora no profesional a través de la emisión del informe de idoneidad o no idoneidad.

Tras haber presentado diferentes alegaciones en el período de exposición pública del nuevo Decreto Foral, a través del recurso interpuesto continuamos con la labor de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tanto desde la perspectiva de las personas en situación de dependencia que requieren cuidados, como desde la consideración de las personas con discapacidad que tienen plena capacidad para desarrollar labores de cuidado.

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